Senadores proponen endurecer penas a jóvenes de 16 y 17 años por delitos graves
La iniciativa propone un mecanismo excepcional para castigar con mayor severidad delitos dolosos de extrema violencia, ante el aumento del reclutamiento juvenil por el crimen organizado.
La propuesta fue presentada por el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez, quien subrayó que el sistema de justicia penal juvenil fue concebido con un enfoque educativo y de reinserción social, pero advirtió que la realidad actual ha sido rebasada por el avance del crimen organizado, que utiliza a adolescentes para cometer homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas y portación de armas de fuego.
El legislador señaló que este fenómeno se ha consolidado como un problema estructural en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde grupos criminales reclutan a menores aprovechando las limitaciones del marco legal vigente y la percepción de impunidad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores de edad aumentaron más del 40 por ciento entre 2019 y 2024. En la Ciudad de México, los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas se duplicaron, y en muchos de ellos se documenta un reclutamiento desde los 12 años.
Organizaciones civiles como Reinserta A.C. han advertido que más de 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser cooptados por organizaciones criminales, impulsados por factores como la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades, lo que agrava la violencia juvenil en el país.
Casos recientes, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi en la colonia Anzures y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ambos con presunta participación directa de adolescentes de 16 y 17 años, han reforzado el debate sobre la urgencia de actualizar el marco legal para responder con mayor firmeza.
Ramírez Marín enfatizó que la iniciativa no busca criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas frente a delitos de extrema violencia, sin abandonar el enfoque humanista del sistema juvenil. La propuesta contempla la incorporación de un nuevo Título VII Bis, en el que se establecen criterios, plazos y procedimientos claros, asegurando que cualquier resolución judicial se base en evidencia técnica, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
