CNDH denuncia venta de menores en Sonora entre el 2009 y el 2015
Publicidad
Cargando...
Publicidad
Cargando...
Publicidad
Cargando...
Clara (nombre ficticio) dio a luz a una niña en el Hospital Infantil del estado, ubicado en Hermosillo, la capital de Sonora, pero personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia -una dependencia del gobierno estatal que se debe encargar de orientar, defender y proteger a los más vulnerables- se la quitó.
Vladimir Arzate entonces subdirector de esa instancia le indicó que su hija había ingresado a la casa hogar Unacari.
Cuando ella intentó localizar a la menor los empleados del albergue le dijeron que su hija no estaba ahí. La mujer declaró que dejó de buscar a su niña porque Arzate “la amenazó con quitarle otro hijo y meterla a la cárcel”.
La hija de Clara fue una de las víctimas de una red de tráfico de menores de edad operada por servidores públicos en el norteño estado de Sonora entre el 2009 y 2015.
Aunque el Gobierno estatal había reconocido diez casos, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que derivó en una recomendación a diversas autoridades, reveló que 22 niños fueron víctimas de la red de tráfico de infantes, tras haber sido separados de sus padres biológicos para darlos en adopción a través de procesos irregulares.
Ya hay una investigación abierta por el caso, pero la CNDH encontró dilación e irregularidades en la integración de las averiguaciones previas por parte de las autoridades y señaló que no hay una adecuada impartición de justicia debido al “ilegal desistimiento de la acción penal ejercida en su momento en contra de las 13 personas, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, ocultación y substitución de infante” se expone.
Los padres adoptivos que han brindado su declaración han dicho que el pago era de entre 100,000 a 130,000 pesos.
En algunos casos hacían el pago de la mitad del dinero antes de que les dieran al menor y el resto una vez que les era entregado en las instalaciones del hospital público donde la madre biológica era internada. Los funcionarios involucrados les decían que el cobro era para agilizar la adopción.
La CNDH también ha denunciado el caso de 682 menores de edad, que tienen informes imprecisos por lo que no se puede conocer el destino final de estos infantes. “Además esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimento de los requisitos legales de 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción”, se detalla en la recomendación.
En la red también hubo participación del personal del IMSS por la expedición de certificados de nacimiento de 17 menores de edad que contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, exhibe la CNDH.
La CNDH pide al Gobierno de Sonora y al IMSS que se reparen los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores de edad que fueron víctimas de supresión y tráfico de infantes y que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños a todas las víctimas en aquellos casos en los que se determine algún trámite indebido de adopción.
Información de El País.
